¿Qué quedó en el tintero en el Nuevo Pacto Fiscal?

            Marcela Silva: Socia                              Maximiliano Zaror: Asociado Senior

El Pacto Fiscal anunciado por el gobierno incluye, según lo que conocemos hasta ahora, medidas que trascienden a la carga tributaria propiamente tal y que abarcan el entorno económico e institucional.

En efecto, no solo se insiste en la necesidad de aumentar impuestos, sino también se plantean beneficios tributarios, así como medidas para una mejor fiscalización de los tributos y para promover la formalización de la economía, todo ello tendiente al crecimiento como una forma de generar mayor recaudación.

Ahora bien, quedan varios temas pendientes. Definitivamente, no incorpora medidas concretas que apunten a incentivar la inversión extranjera, especialmente considerando que nuestro país podría tener prontamente vigente un convenio para evitar la doble tributación con Estados Unidos, lo que representa una gran ventaja frente a otros países de la región.

Teniendo en consideración los constantes cambios de la normativa tributaria de los últimos años Chile ha modificado su sistema tributario por medio de más de 10 leyes en los últimos 10 años-, sería interesante profundizar en medidas de estabilización que entreguen certeza jurídica al inversor, cuestión esencialmente relevante en inversiones de largo plazo y estratégicas, como las que quiere atraer el gobierno.

Otro pendiente, es que no se contemplan medidas que alivien la carga tributaria de las personas como serian, por ejemplo, una rebaja más significativa asociada a intereses en la contratación de un crédito hipotecario o derechamente rebajas en contribuciones o impuesto territorial por un determinado número de años o para propiedades nuevas, todo ello pudiendo ser reactivador de la economía en el mediano y largo plazo.

Por último, pensar en un aumento de impuestos no parece razonable en una economía en recesión. En términos concretos, hace un poco más de 10 años atrás, la tasa para las empresas era de 17% (en 2010), luego subió a 20% (2011-2013) y así paulatinamente hasta 27% (desde 2018 en adelante). Más allá de con que jurisdicciones tributarias nos queremos comparar, lo cierto es que la tasa ha aumentado 10% en 10 años y no se puede seguir aumentando año a año. En vez de ello se podría revisar y controlar la base imponible con una adecuada fiscalización.