Mucho se discute hoy sobre la necesidad de que, a través de un impuesto al carbono, se pueda rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Se sostiene insistentemente, y no sin razón, la necesidad de aumentar el precio de este a USD 70, siguiendo las recomendaciones de diversos expertos, incluyendo al Banco Mundial, a través de un gran acuerdo global.

Chile tiene hoy un impuesto de USD 5 por tonelada de CO2 emitido, a través del mal llamado impuesto verde, y que está muy por debajo de lo propuesto a nivel internacional, pero este no es el principal problema.

Lo que es clave para avanzar en la descarbonización del mercado de generación eléctrica, no es el monto del impuesto, sino el diseño del mismo. Para efectivamente desincentivar la generación a carbón, la discusión debe partir por corregir el diseño del impuesto verde en Chile, el cual hoy no afecta el costo del despacho de la generación eléctrica en el sistema eléctrico nacional. Eso se traduce, entre otras cosas, en que parte del impuesto es pagado por quienes son parte de la solución, es decir por los generadores de energía renovable.

Junto a lo anterior se produce el absurdo de que el monto de lo recaudado entra al erario general de la nación y no puede ser predestinado al fomento de la descarbonización.

Los números hablan por sí solos. La aplicación del impuesto verde ha disminuido en menos de un 2% las emisiones de CO₂ en sus dos primeros años de aplicación y un poco más durante el tercero, que debe considerar los efectos de la pandemia en la baja del consumo eléctrico local.

Si efectivamente queremos avanzar en la descarbonización de nuestra matriz eléctrica, debemos poner los incentivos en el lugar correcto y no seguir enfocándonos, erróneamente en el monto del impuesto.

Junto a lo anterior, no estaría demás explorar otras fórmulas, probadamente más efectivas que las impositivas, y que estimulan a la reducción de emisiones de CO₂. Siguiendo el ejemplo de la Unión Europea, China y 4 sistemas implementados en los Estados Unidos, se debiera pensar en el comercio de emisiones transables, en donde, entre otras ventajas, lo recaudado por venta de derechos de emisión puede destinarse a combatir el cambio climático. Además, se estimula la reducción de emisiones a través del principio de la costo-eficiencia (reducir donde es más barato) y se premia a aquellas fuentes reguladas más eficientes, posibilitando vender y generar ingresos por los derechos de emisión no utilizados.